Leonardo Daniel Hernandez Valdovinos
En México los cuestionamientos
sobre la defensa de los derechos humanos comienza en 1992 con la creación de la
figura del ombudsman, lo cual fue considerado algo innovador en el ordenamiento
jurídico mexicano, logrando el interés en la opinión pública sobre la defensa y
la promoción de dichos derechos, ya con anterioridad la redacción del título
primero de la Constitución de 1917 era considerada con deficiencias y con
errores, desde un punto de vista conceptual, viéndose en la necesidad de llevar
a cabo una reforma constitucional lo más completa posible en dicha materia. En
donde se tomara en cuenta un sistema que fuera coherente en cuanto a derechos
fundamentales, que incluyera nuevas prácticas para defender los derechos
humanos.
En México lamentablemente el papel
que se ha tenido en la defensa de los derechos humanos ha dejado mucho que
desear, el problema no consiste en no tener métodos jurisdiccionales de
defensa, sino que los métodos que ya hay no son eficaces, es decir la autoridad
encargada, en años anteriores el Poder Judicial Federal no funcionaba de manera
adecuada en la materia, debido a que sus integrantes no contaban con la
preparación adecuada en la materia[1].
Es decir los jueces mexicanos también se tienen que internacionalizar en cuanto
a conocimiento de los tratados que
México tiene firmados con otros países.
Ya se consideraba fundamental que
la Política Exterior de México cambiara para adecuarse a los nuevos contextos
internacionales, para dejar de mostrarse tan cuadrado ante la defensa de los
derechos humanos, escudándose en el principio de soberanía o de No Intervención,
para sumarse así a la corriente que hoy día países democráticos siguen. Debido
a que no se había creado una cultura de estos derechos, es decir solo algunos
cuantos los conocían, la mayoría de la población, en especial la clase baja a
media los ignoraban, como lo decía Ronald Dworkin, al referirse a que los
derechos sean tomados en serio.
APLICACIÓN DE TRATADOS
INTERNACIONALES EN EL DERECHO INTERNO
Parte de la globalización de los
derechos humanos tiene que ver con la manera en cómo se aplican los tratados
internacionales de los derechos humanos en la legislación interna de los
países, siendo esta una forma de darle seriedad a la defensa y tutela de los
mismos, de lo contrario cierta defensa se resumiría en simples discursos,
análisis políticos, opiniones, recomendaciones por parte de organismo
internacionales, pero sin lograr verdaderas sanciones.
“entendidos también como prácticas discursivas, el alcance de los
derechos humanos va más allá de la intención de sus redactores e incluso de la
de quienes ocupan posiciones de poder, sea este público o privado”[2]
Como se mencionaba anteriormente
el derecho internacional de los derechos humanos, se consolidad a partir de la
posguerra, con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de la ONU en Diciembre de 1948, la cual se ha ido enriqueciendo con la
aprobación de mas tratados y convenciones en la materia, llevadas a cabo por
organismos de protección de los mismos.
Anteriormente el desarrollo de los
derechos humanos estaba limitado a cuestiones ideológicas y al servicio de los
más poderosos, era vistos, no como un verdadero instrumento jurídico, sino como
una arma sutil que usaban países considerados potencia para intervenir en
asuntos de otros Estados, lo que provocó que el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho interno de los Estados, siguieran caminos
diferentes, debido a que los países más débiles lo veían como una excusa para
violar su soberanía. Aunque tiempo después, se comenzó a adoptar en las
legislaciones, mas por cuestiones de exhortos por parte de los organismos
defensores, que por consenso propio.
“la ola de democratización que, al menos desde un punto
de vista discursivo, ha venido recorriendo el planeta en las últimas décadas,
ha traído consigo una cierta recuperación de la idea del derecho, y sobre todo
del Estado de derecho…”[3]
Lo cierto es que el final del
siglo XX nos ha permitido presenciar la constitucionalización o positivización
de los derechos humanos, es decir ya no solamente su aplicación a nivel
internacional, sino también a nivel local, incluyendo la defensa y la
protección de los mismos. Significando esto no solamente discursos más, sino
normas realmente efectivas que obliguen a los Estados a cumplir lo que han
firmado ante los tratados internacionales.
[1] Recordando que el problema en la primer década del siglo XXI, era que
los jueces tenían que tener conocimientos de derechos constitucional, hoy en
día debido a la Reforma del 10 de Junio de 2010, se considera que deben de
tener conocimientos sobre tratados y acuerdos internacionales firmados por
México en cuanto a derechos humanos, lo que hace pensar entonces, que siempre
el primer requisito será tener conocimientos amplios en la materia, en donde
los jueces mexicanos nunca cubren.
[2] Pisarello, Gerardo, “Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”, México, Porrúa, 2007. P. 14.
[3] Ibidem p. 16
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