Dicha Reforma se puede describir
como uno de los esfuerzos que últimamente se han dado para una efectiva
protección de los Derechos Humanos, colocando a México a la vanguardia de la
promoción y defensa de dichos derechos.
Las cuatro obligaciones que señala
son: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como 4
principios de comprensión de dichos derechos: universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
Algunos de sus aspectos más
importantes son los siguientes:
- Se elevan a rango constitucional
los Derechos Humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados
por México.
- Se establece la obligación de
todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los Derechos Humanos.
- Se crea un catalogo de derechos
que no podrán suspenderse, tales como el derecho a la vida, integridad, niñez,
así como el principio de la legalidad y no retroactividad.
- Se ciudadaniza la forma de
seleccionar a los titulares de organismos de protección de Derechos Humanos,
así como el fortalecimiento de la autonomía de las comisiones.
- Se otorgan facultades a la CNDH
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos) para ejercitar acciones de
inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vayan en contra de
Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los tratados
internacionales que México ha firmado.
Como lo comenta el Dr. Miguel
Carbonell:
Dicha
reforma ofrece varias novedades importantes las cuales pueden cambiar de manera
profunda la forma de percibir, interpretar y aplicar tales derechos en México.
Las principales novedades, dicho de forma telegráfica son las siguientes:
1) La
denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia,
dejando atrás (al menos en parte) el anticuado concepto de “garantías
individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus
garantías”. La expresión derechos humanos es mucho más moderna que la de
garantías individuales y es la que se suele utilizar en el ámbito del derecho
internacional, si bien es cierto que lo más pertinente desde un punto de vista
doctrinal hubiera sido adoptar la denominación de “derechos fundamentales”.
2) El
artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora
simplemente los “reconoce”. A partir de la reforma se reconoce que toda persona
“goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la
Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de
forma clara y contundente al derecho internacional de los derechos humanos,
demostrando de esa manera una vocación cosmopolita muy apreciable.
3) En
el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la
“interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a
derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz
de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación
de una especie de bloque de constitucionalidad (integrada no solamente por la
carta magna, sino también por los tratados internacionales), a la luz del cual
se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.
4) Se
incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el
principio de interpretación “pro personae”, muy conocido en el derecho
internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales
internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos.
Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles
de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de
un derecho humano. Y también significa que, cuando en un caso concreto se puedan
aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que
(igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
5) Se
señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado
mexicano (en todos sus niveles de de gobierno, sin excepción) de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro
que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados
internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con
independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa
bajo la que estén organizadas.
6) Las
obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos
deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos.
7) El
Estado mexicano, señala el artículo 1 constitucional a partir de la reforma,
debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos
humanos.
8) Queda
prohibida la discriminación por causa de “preferencias sexuales”. Antes de la
reforma, el texto constitucional se refería simplemente a la prohibición de
discriminar por “preferencias”, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre
el alcance de dicha prohibición. La reforma deja claramente señalado que son
las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para efecto
de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho.
9) Una
de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el
respeto a los derechos humanos, de acuerdo con lo que a partir de la reforma
señala el artículo 3 constitucional.
10) Se otorga
rango constitucional al asilo para toda persona que sea perseguida por motivos
políticos y se reconoce de la misma forma el “derecho de refugio” para toda
persona por razones de carácter humanitario. Esto amplía la solidaridad
internacional que históricamente ha tenido México hacia las personas que sufren
violaciones de derechos en sus países de origen, para quienes deben estar
completamente abiertas las puertas el territorio nacional.
11) Se establece,
en el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos es una de las bases
sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
Mediante este nuevo añadido al párrafo primero del artículo 18 constitucional
la reforma del 10 de junio de 2011 subraya que en nuestras cárceles se deben
respetar los derechos humanos y que no puede haber un régimen penitenciario
compatible con la Constitución que permita la violación de tales derechos. La
privación de la libertad de la que son objeto las personas que delinquen, no
justifica en modo alguno que se violen sus derechos humanos, ni por acción ni
por omisión de las autoridades.
12) Tomando como
base lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, se modifica el
tristemente célebre artículo 33 constitucional, para efecto de modular la
facultad del Presidente de la República para hacer abandonar el territorio
nacional a las personas extranjeras. Anteriormente esa facultad se ejercía de
forma totalmente arbitraria, sin que se le diera ningún tipo de derecho de ser
oído y vencido en juicio a la persona extranjera afectada. Con la reforma ya se
señala que se debe respetar la “previa audiencia” y que la expulsión solamente
procede en los términos que señale la ley, siempre que se siga el procedimiento
que la misma ley establezca. También será una ley la que deberá determinar el
lugar y el tiempo que puede durar la detención de un extranjero para efecto de
su posible expulsión del territorio nacional.
13) Se adiciona l
fracción X del artículo 89 constitucional para efecto de incorporar como
principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual corresponde
desarrollar al Presidente de la República, “el respeto, la protección y
promoción de los derechos humanos”. Esto implica que los derechos humanos se
convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir
siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de
derechos humanos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar
las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico
aplicable.
14) Se le quita a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad contenida en el artículo
97 constitucional, la cual pasa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lo cierto es que había sido la propia Suprema Corte la que, con toda razón,
había pedido que se le quitara este tipo de facultad, que en rigor no era
jurisdiccional y que generaba muchos problemas dentro y fuera de la Corte.
15) Se obliga a
los servidores públicos que no acepten recomendaciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos o de las respectivas comisiones estatales a fundar y
motivar su negativa, así como a hacerla pública. Toda recomendación debe ser
contestada, tanto si es aceptada como si es rechazada. En caso de que alguna
autoridad rechace una recomendación, puede ser citada por el Senado o por la
Comisión Permanente (si la recomendación proviene de la CNDH) o bien por la
legislatura local (si la recomendación fue expedida por una comisión estatal).
16) Las
comisiones de derechos humanos podrán conocer, a partir de la reforma, de
quejas en materia laboral. Solamente quedan dos materias en las cuales resultan
incompetentes las comisiones de derechos humanos: los asuntos electorales y los
jurisdiccionales.
17) Se establece
un mecanismo de consulta pública y transparente para la elección del titular de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para los miembros del Consejo
Consultivo de la propia Comisión.
18) Se faculta a
la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves de derechos
humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando así lo considere la
Comisión o cuando sea solicitado por el Presidente de la República, el
gobernador de un Estado, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión,
las legislaturas locales o el jefe de gobierno del Distrito Federal.
19) En los
artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes
que la irán complementando en el nivel legislativo. Así, ordena que se emita en
el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, una ley sobre
reparación de las violaciones de derechos humanos, una ley sobre asilo; una ley
reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de derechos; una ley reglamentaria
del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros y nuevas leyes (tanto a
nivel federal como local) de las comisiones de derechos humanos”[1].
[1] Carbonell, Miguel, “La reforma constitucional en materia de derechos
humanos: principales novedades”, México, Junio 2011, http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml.
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